La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años a la exgobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Socorro Guerrero Bowie (2012-2015), por no contar con la interventoría para garantizar la correcta ejecución de un contrato.
De acuerdo con la investigación, entre agosto y octubre de 2012, todo el 2013 y gran parte de los años 2014 y 2015, no se contrató la interventoría de un convenio celebrado en 2012 con la IPS Universidad de Antioquia.
Según el Ministerio Público, la exgobernadora no adelantó oportunamente los procesos de contratación o designación de la interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato 540 de 2012, celebrado con la IPS Universidad de Antioquia para la "operación asistencial y logística de la red pública hospitalaria del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".
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El organismo de control disciplinario también sancionó a los exsecretarios de Salud Martínez Pérez y May Salcedo, quienes durante su permanencia en el cargo no adelantaron el proceso de contratación de la interventoría.
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