La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a los policías implicados para que respondan por la presunta privación ilegal de la libertad de una joven de 17 años, quien luego de los hechos ocurridos en la noche del 12 de 2021, se quitó la vida.
El documento, en el que se pide reconocer como víctima a la madre de la menor, cataloga como “gravísimas” las presuntas irregularidades cometidas por los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios y del Grupo de Operaciones Especiales de la Metropolitana de Popayán y, da cuenta de cómo fue conducida la menor hacia una Unidad de Reacción Inmediata (URI).
El documento detalla que uno de los implicados le propinó un golpe a la menor sin mediar palabra y no le solicitó su documento de identificación, como es el debido proceso. Además, señala que luego de este hecho, la joven fue conducida hacia la URI con fuerza excesiva por varios policías en un hecho que no constituía la privación de la libertad, como lo es grabar el procedimiento de los uniformados.
“En esa lógica probatoria y jurídica no hay duda que como la joven no estaba realizando ningún acto de violencia contra la fuerza pública, no podía ser objeto de un procedimiento en el que prevaleciera la fuerza, pues este era el último medio al que podían apelar los policías, pues no solo, no estaba protagonizando ningún acto contravencional o delictual, sino que era una persona menor de edad de género femenino respecto de la cual solo procedía la prudencia y cuidado por ser una persona de especial protección constitucional”, indica la Procuraduría en el documento.
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El ente de control alerta, además, que una vez en ese lugar la joven fue dejada en un pasillo y no fue puesta a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia, a pesar de que en el momento había funcionarios de turno, por lo que solo quedó una anotación.
Todos estos hechos, dice la Procuraduría, fueron cometidos con dolo, basándose en que los policías tenían claro su proceder en este tipo de casos debido a su trayectoria en la institución.
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Los cargos formulados a los implicados que menciona la entidad en el documento son: privación ilegal de la libertad y daño a la integridad de la joven para Víctor Hugo Martínez, Jhon Jader Montenegro y Julián Andrés Martínez; mientras que para los patrulleros Edwin Orlando Cortés Cifuentes y Ricardo Andrés Salazar, el cargo de daño a la integridad de la joven.
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