La Procuraduría tiene los ojos puestos sobre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), pues uno de los principales factores que agravan el panorama es la baja ejecución de un crédito de 250 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a la modernización tecnológica de esa misma entidad.
Después de más de cuatro años de haber sido suscrito el acuerdo, el avance en la implementación de los componentes del Programa de Apoyo a la Modernización de la entidad apenas alcanza el 37.7 %, lo que pone de manifiesto un incumplimiento significativo de los plazos que fueron establecidos.
Además, según la Procuraduría, el retraso en la modernización no solo afecta a la Dian como institución, sino que también “impacta gravemente a los contribuyentes y demás sujetos obligados a cumplir con sus responsabilidades fiscales”.
Este pronunciamiento lo hace el Ministerio Público tras los constantes fallos en el acceso a los sistemas electrónicos, sumados a la falta de estabilidad en las plataformas tecnológicas, que dificultan el cumplimiento de las obligaciones tributarias, generando un clima de incertidumbre y desconfianza en los ciudadanos.
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La Procuraduría le pide a la Dian que presente un cronograma detallado de actividades y fechas para hacer un seguimiento estricto a los avances, en un proceso que, según los planes originales, debería concluir en 2028, siempre y cuando se logre la aprobación de la prórroga del crédito por parte del BID.
Por último, el ente de control considera que la Dian debe adoptar planes de contingencia que permitan mitigar los efectos negativos de la actual situación y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.
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