La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional tumbar el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, PND, del presidente Gustavo Petro que obliga a funcionarios públicos a afiliarse a la ARL Positiva.
Para el Ministerio Público “no parece razonable que a través de una norma del PND se pretenda eliminar una competencia entre los agentes del sector”.
El artículo demandado es el 97 que dice: “Con el fin de establecer el sistema de aseguramiento público, de cara a la incorporación de nuevas poblaciones de la comunidad en general, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las entidades y corporaciones públicas se afiliarán a la administradora de riesgo laborales Positiva”.
Para el ente de control, la modificación debió realizarse por medio de una ley ordinaria a fin de debatir de manera abierta “el principio de libre escogencia del empleador en materia de aseguramiento de riesgos laborales”.
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Además, el concepto de la Procuraduría advierte que el artículo que pidió a la Corte Constitucional tumbar, desconoce el precedente constitucional de determinar grados preferenciales en materia de contratación con instituciones del Estado para favorecer las ARL de riesgos profesionales públicas.
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