La Procuraduría le pidió a la Casa de Nariño el expediente que abrió la oficina de control interno en contra de Andrés Mayorquín Bocanegra, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por posible tráfico de influencias.
Con esta decisión, la Procuraduría busca establecer si Mayorquín también habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses, al ser adjudicados varios contratos a su esposa, Karen Váquiro, en distintas entidades públicas.
De esta manera, el Ministerio Público ejerció su poder preferente y abrió la investigación para recopilar mayores datos sobre los contratos de Váquiro y establecer si estos fueron firmados antes de que su esposo entrara a trabajar a la Presidencia y si, de pronto, habría influido para su asignación, lo cual constituiría en una falta disciplinaria.
Preliminarmente, la Procuraduría evaluó el caso y llegó a la conclusión de que, como es contratista desempeñando funciones públicas, es procedente abrirle formalmente la investigación dentro de la cual será llamado a rendir versión libre y aportar las pruebas que considere pertinentes, para finalmente evaluar si es llamado o no a juicio disciplinario.
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