La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, tendrá que responder en un juicio disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación por unas presuntas irregularidades en la licitación de un contrato por valor superior a los $20.453 millones.
El objetivo del proyecto que fue adjudicado por la Gobernación era para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira".
El Ministerio Público encontró que, en la licitación No. 033 de 2015, se impusieron restricciones a algunas empresas relacionadas con la experiencia y la capacidad financiera que permitieron que solo un oferente se quedara con el millonario contrato, que quedó en manos de la compañía Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics).
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A este llamado hecho por la Procuraduría deberán responder otros funcionarios de la Gobernación de la época, como la exsecretaria de Educación Bely Géneco; al exdirector Operativo Gilbert Meza Cerchar, y el profesional universitario de la administración departamental Gerardo Cujia Mendoza, entre otros.
La Procuraduría encontró que dicha acción pudo afectar el presupuesto del departamento y también se habrían violado la libre competencia y selección objetiva, entre otros. El ente recordó que los investigados tenían el deber de verificar que el proceso fuera adelantado siguiendo las reglas establecidas para el desarrollo de los procesos contractuales.
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