La Procuraduría destituyó e inhabilitó a un oficial y a 8 suboficiales, en su momento adscritos al departamento de Policía de Sucre, por su responsabilidad en el asesinato de tres jóvenes, tras una “operación candado” realizada en el corregimiento de Chochó, Sucre, después del homicidio de un patrullero de la policía.
Según información de la Procuraduría, los uniformados, integrantes del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía en ese momento, detuvieron a tres ciudadanos identificados como Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras.
Relata el ministerio público que, posteriormente, los tres jóvenes fueron subidos a un vehículo de la Policía Nacional "con el fin de trasladarlos al centro médico más cercano para brindarles asistencia hospitalaria, dado que presentaban lesiones".
La Procuraduría señala que, durante el trayecto del operativo hacia la clínica María Reina, en Sincelejo, las tres personas recibieron varios disparos por parte del teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, hoy en retiro.
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La entidad agrega que "los capturados fueron declarados muertos en el centro médico mencionado".
Sanciones
En este sentido, la Procuraduría declaró responsable disciplinariamente al teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien se desempeñaba como comandante Operativo de Seguridad Ciudadana en la época de los hechos, por lo que consideró una "falta gravísima", según los estatutos disciplinarios de la Policía Nacional.
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La Procuraduría lo destituyó y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 19 años.
Además, la entidad encontró responsables disciplinariamente al mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y a los siguientes suboficiales con cargo de patrulleros: Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana.
Estos uniformados incurrieron en prevaricato por omisión y abuso de autoridad, siendo cuestionados por la Procuraduría por no proteger la vida de los tres jóvenes capturados, quienes posteriormente murieron tras el operativo de la Policía Nacional.
Se les impuso sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un período de entre 11 y 15 años, respectivamente.
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