El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, abrió investigación formal contra la junta directiva y ejecutivos de EMP y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales por presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto de Hidroituango.
Según Carrillo, existen varias evidencias que darían cuenta de las irregularidades que han provocado emergencias ambientales que afectan a la población de más de 20 municipios.
Según el informe el jefe del Ministerio Público, “se habla de un universo de más de 20.000 familias de pescadores, son 35.000 que están involucrados; es una obra que debe tener un retraso de al menos 3 años y un costo de recuperación de la obra de más de 2 billones de pesos”.
De igual forma insistió que el Gobierno Nacional tiene elementos para la declaratoria de la emergencia ambiental para que se pongan en marcha planes para la restitución de derechos económicos, sociales y ambientales.
“Aquí con medidas ordinarias y con curas menores no vamos a poder reparar el daño ambiental que se ha causado”, agregó Carrillo.
El procurador general anunció que el próximo 26 de febrero en Medellín se realizará una audiencia pública para que las autoridades rindan cuenta sobre la realidad del desarrollo de este proyecto, los riesgos y las afectaciones que se contemplaron.
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En esa audiencia también podrán asistir a los ciudadanos afectados para que la Procuraduría tenga elementos que contribuyan a los desarrollos de las acciones disciplinarias que están en curso.
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