
El proceso administrativo que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente corre contra el tiempo; sin embargo, hay muchos retrasos en las diferentes etapas del proceso.
Durante la Sala Plena del pasado miércoles, los integrantes del Consejo Nacional Electoral buscaban resolver las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa del presidente Gustavo Petro en contra de la investigación formal en su contra, su exgerente de campana Ricardo Roa, la tesorera, los auditores y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por la presunta violación de topes y financiación prohibida de la campaña presidencial de 2022.
Sin embargo, a último minuto las magistradas del Pacto Histórico (Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez) solicitaron la rotación del expediente y la sala plena decidió hacer rotación simultánea por lo que la resolución de las nulidades se dará hasta dentro de dos semanas.
Una de las cosas que más llama la atención es la presencia del magistrado y expresidente de la corporación, Cesar Lorduy, quien a pesar de haber presentado su renuncia desde el pasado 3 de diciembre sigue ejerciendo en su cargo. El motivo es que hasta el momento las Plenarias del Congreso han tramitado dicha renuncia que solo podrá hacerse desde el próximo 16 de febrero cuando se retomen las sesiones ordinarias.
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La imposibilidad de votar las nulidades en el caso acentúa la carrera contrarreloj que tiene el tribunal para investigar y pronunciarse de fondo el caso. Luego de la apertura formal se debía surtir la etapa de descargos de los investigados y una vez resueltas las nulidades se tendrán tres meses para la práctica de pruebas, tiempo que podrá ser prorrogada por dos meses más; posteriormente, se deben dar 15 días para los alegatos finales y de ahí la sala plena tendrá dos meses para recibir una ponencia de resolución y tomar una decisión.
El riesgo es que según la norma, tres años después de la elección termina la competencia del CNE para fiscalizar las cuentas, adelantar la investigación y emitir sanciones administrativas; fecha que se cumple en junio de este año.