Fue presentada una solicitud de recusación en contra del magistrado Francisco Javier Farfán, quien es el encargado de adelantar el proceso penal en el escándalo de los carrotanques de La Guajira y la presunta entrega de coimas a congresistas en este entramado de corrupción.
El documento, presentado ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pide que el magistrado Farfán sea retirado del caso porque actualmente está siendo investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes , cuyo presidente es el representante Wadith Alberto Manzur, a quién Olmedo López, exdirector de la UNGRD, también denunció por hacer parte, al parecer, de los hechos de corrupción.
En el documento presentado por el abogado Kalev Giraldo se resalta que la presencia del magistrado Francisco Farfán en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres , no garantizaría los principios de imparcialidad judicial y el debido proceso.
“En ese sentido, de seguir el magistrado Francisco Javier Farfán conociendo del proceso penal, no se podrá garantizar los principios de independencia e imparcialidad judicial, y de igual manera, podrán verse afectados los principios constitucionales de igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29), y principios de la función administrativa (artículo 209), como, el principio de imparcialidad objetiva que se predica respecto del proceso”, señala el documento.
Es importante mencionar que el magistrado Francisco Farfán es investigado en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por una presunta filtración de información al senador José Alfredo Gnecco Zuleta.
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Anteriormente, la Corte había señalado una posible filtración del magistrado de la Corte Suprema en beneficio del senador Gnecco Zuleta y otros miembros de la familia Gnecco, quienes son investigados por el delito de compra de votos.
Finalmente, entre las peticiones de la solicitud de recusación se pide separar al magistrado Farfán del caso por estar impedido y, una vez se realice, asignar el proceso penal a otro magistrado al cual le corresponda el reparto.
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