La Procuraduría le ‘jaló las orejas’ a la Unidad Nacional de Protección por el asesinato de líderes sociales en el país, el último de ellos: el diputado del departamento de Arauca Carlos Hernández.
La petición que realizó el Ministerio Público es a raíz de múltiples quejas sobre fallas técnicas y demoras en reemplazo de los vehículos que deben ser reparados.
Por lo que la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregar, en un plazo no mayor a 10 días, un informe detallado sobre la situación de los vehículos asignados a los esquemas de seguridad de líderes y lideresas sociales amenazados.
Las quejas que han llegado a la Procuraduría darían cuenta de los posibles riesgos de seguridad generados por el mal estado, las demoras en la entrega y mantenimiento de los vehículos asignados dentro del programa de protección.
Entre los requerimientos plasmados en la comunicación enviada al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, están las características técnicas que debe tener cada vehículo, el tiempo de servicio recomendado en cada caso y el costo promedio anual.
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El Ministerio Público también pidió los nombres de las empresas privadas subcontratadas para el suministro de vehículos.
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