El pasado 20 de agosto, en Mañanas Blu 10:30 AM, se reveló cómo el representante de Comunes Carlos Alberto Carreño tenía estructurado desde el 2018 un mecanismo para quitarle entre el 10-15 % del salario a los trabajadores de su UTL.
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Dos días después, el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Misael Rodríguez, anunció una investigación preliminar de oficio para ver si había mérito para abrir un caso contra el representante. El caso le cayó a la magistrada Cristina Lombana, quien en pocos días logró citar a audiencia a varios testigos y obtuvo material probatorio muy contundente.
Pero el 5 de septiembre, el representante Carreño recusó a Lombana, apelando a la causal de “enemistad grave”. Según él, la magistrada estaría impedida para investigarlo por haberse formado como jurista en la justicia militar mientras él era un cabecilla del Bloque Oriental de las FARC, conocido cómo alias 'Sergio Marín'.
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El expediente llegó al escritorio del magistrado César Reyes, quien debe proyectar la ponencia para que la sala en pleno decida si Cristina Lombana continua o no con el caso. ¿Qué ha sucedido desde el 10 de septiembre? Extrañamente nada. Si bien el Código de Procedimiento Penal no estipula ningún límite de tiempo para estos casos, el artículo 106 que habla sobre la Aceptación o rechazo de la recusación es claro: “Presentada la recusación, el funcionario resolverá inmediatamente mediante providencia motivada”.
Han pasado cincuenta días y el magistrado Reyes no ha movido la recusación de su despacho, lo cual es clave para que la investigación siga su curso. Según varios juristas consultados, demorar casi dos meses para resolver no tiene sentido. Es algo muy poco común. Si la magistrada Lombana no puede seguir con el caso, curiosamente sería el mismo César Reyes a quien le tocaría investigar a Carlos Carreño por ser el siguiente en el orden alfabético en la sala.
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Ya han sido varios los casos importantes en los que la magistrada Lombana fue recusada y la investigación recayó en las manos de Reyes. Los procesos de Álvaro Uribe y Armando Benedetti, por ejemplo.
Un caso con pruebas tan sólidas y que recién empieza, sería raro y poco deseable que se encalle durante meses en un trámite sencillo y que no implica recopilación de pruebas como es un escrito sobre una recusación.
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