La Procuraduría pidió suspender la licitación que busca adquirir 170 camionetas blindadas para la Unidad Nacional de Protección (UNP) , pues encontró serias falencias en el proceso de selección de los participantes, en especial con los requerimientos de experiencia lo que podría poner en riesgo los recursos públicos invertidos.
En una carta enviada a Martha Eugenia Cortés, jefe de la oficina jurídica encargada de las funciones del despacho de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se enumera los riegos y recomendaciones que se hacen desde el Ministerio Público para evitar caer en incumplimientos o que se pierda el recurso público.
Precisamente, el centro de la preocupación está en los recursos habilitantes que deben cumplir cada uno de los participantes en la licitación, que ya es el tercer intento para adjudicar el contrato que supera los 74.000 millones de pesos.
La carta de la Procuraduría señala, por ejemplo, que estaría en riesgo de incumplirse el numeral 2.5 del decreto 1082 de 2015, el cual indica que, si la constitución de la firma interesada en el contrato no supera los tres años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
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Sin embargo, la licitación, según la indagación del Ministerio Público, estableció otros requerimientos, como que la experiencia para presentar la oferta deberá ser acreditada “mediante mínimo uno y máximo 20 contratos suscritos y ejecutados registrados en el Registro Único de Proponentes en la venta y/o distribución y/o comercialización de vehículos blindados”.
Por esto, es que piden suspender el desarrollo de la licitación hasta que no estén las garantías para todos los interesados y además la Agencia Logística de las Fuerzas Militares deberá entregar, cuanto antes, un informe respondiendo a cada una de las preocupaciones de la Procuraduría reseñadas en el oficio, el estado actual de la selección y copia del manual de contratación vigente.
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“La presente comunicación se efectúa en virtud de la Función Preventiva Integral de la Procuraduría General de la Nación, mecanismo previsto para anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública contribuyendo al mejoramiento de la gestión y la política pública”, puntualizó el procurador delegado.
Este es el comunicado:
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