El abogado Saúl León, defensor de Andrés Camilo Sotelo, ofreció detalles clave sobre la audiencia del proceso judicial en el que su cliente está vinculado como presunto responsable del homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la Policía William Rincón. En entrevista, León expuso las irregularidades que, según él, han marcado la investigación, argumentando que Sotelo no fue quien accionó el arma letal.
León explicó que su defensa se basa en testimonios que apuntan a Sergio Felipe Rico como el responsable del disparo. “Hay al menos cuatro testigos que, de manera directa o indirecta, señalan al escolta del joven fallecido como el presunto autor del homicidio”, dijo el abogado.
Además, mencionó que la esposa de un hombre herido en el incidente confirmó que su esposo identificó al escolta como el responsable. “La comunidad que acudió al lugar también respaldó esta versión”, añadió. Otro elemento crucial en la defensa es el peritaje que descarta que una de las armas presentes en la escena fuera capaz de disparar. Según León, el arma apta para disparar era la pistola asignada al escolta.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la falta de evidencia balística concluyente. Según León, aún no se ha entregado un descubrimiento probatorio completo por parte de la Fiscalía. “Estamos esperando que se haga el análisis de las vainillas y casquetes encontrados en la escena. Esto podría arrojar luz sobre qué arma fue utilizada”, explicó.
El abogado también cuestionó la versión de la Fiscalía, que se basa principalmente en el informe policial de Kevin Ariza. Según León, este reporte carece de imparcialidad. “El fiscal concluyó que el policía actuó correctamente sin una investigación exhaustiva ni la intervención de la justicia penal militar”, señaló.
León criticó el papel de la Fiscalía, acusándola de omitir información clave en el caso. “Por ejemplo, se presentó el testimonio de la esposa de un herido, pero la Fiscalía no mencionó que, en páginas posteriores de la entrevista, ella asegura que su esposo identificó al escolta como el autor del disparo”, denunció.
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El abogado también sugirió que podría haber intereses institucionales en juego debido al alto perfil del caso. No obstante, aclaró que esto no implica una acción directa del inspector general de la Policía. “Quiero ser enfático en que el general es un servidor público ejemplar. Pero sí puede haber actuaciones inconsultas de servidores bajo su mando”, afirmó.
La decisión sobre la medida de aseguramiento quedó programada para el próximo lunes 2 de diciembre. Sin embargo, insistió en que la investigación carece de transparencia. “No hemos sentido garantías por parte de la Fiscalía. Seleccionan fragmentos de los testimonios que favorecen su teoría, dejando de lado información relevante”, dijo.
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