Petro tras decisión de compra de tierras: Corte restringe cumplimiento del acuerdo de paz

La Corte Constitucional tumbó parte del artículo del Plan Nacional de Desarrollo que eliminaba varios pasos en el proceso de compra de tierras por parte del Gobierno nacional, tras determinar que no se cumplió a cabalidad el trámite en su paso por el Congreso, especialmente en lo que tiene que ver con la publicidad de la norma.

Para el presidente Gustavo Petro, con esta decisión, el alto tribunal va en contra de las tareas para implementar lo firmado en el acuerdo de paz de La Habana.

“Con esta decisión la corte restringe seriamente el cumplimiento del acuerdo de Paz en su aspecto central: la reforma agraria pacífica”, escribió en redes.

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La Corte tomó la determinación tras estudiar dos demandas contra el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023, que eliminaban la fase judicial previa para procesos como clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos, extinción judicial del dominio sobre tierras incultas, caducidad administrativa, condición resolutoria del subsidio, reversión y revocatoria de titulación de baldíos.

Estos puntos del artículo fueron duramente criticados por diferentes sectores, quienes alegaban que se trataba de facilitar la expropiación de tierras por parte del Gobierno; en su momento, el presidente Gustavo Petro rechazó esta postura y aseguró que los cambios hacen parte del plan para entregar las tierras de manera más equitativa.

En su publicación, el presidente Petro además respaldó la posición de la magistrada Diana Fajardo, quien salvó parcialmente el voto, pues si bien acompañó la decisión al no cumplirse el principio de publicidad de la norma, no compartió el análisis de todo el tribunal ya que consideró que hubo un análisis muy estricto sobre cuál debe ser la facultad del Congreso a la hora de incluir modificaciones.

Gobierno rechaza decisión de la Corte Constitucional sobre compra de tierras

Además del reclamo del presidente Gustavo Petro, se conoció la posición de Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, quien lamentó la decisión asegurando que ahora su entidad no podrá tomar decisiones de fondo frente a los procesos agrarios de la Nación.

“Temas como el acaparamiento de las ciénagas, como incluso la concentración de baldíos son sustanciales para hacer justicia real en el campo colombiano. Teníamos una facultad administrativa y hoy, por vicios de forma, la Corte Constitucional anula esa posibilidad”, agregó.

Para Harman, también se afecta profundamente el camino para cumplir con lo firmado en 2016 con la desaparecida guerrilla de las Farc.

“Lamentamos profundamente esto, estoy seguro de que desde el sector agrícola estamos articulando en presentar una reforma agraria, la posibilidad de mantener estas competencias asociadas a la posibilidad de hacer justicia real en el campo, y también a pedir el acompañamiento de un movimiento vital como el Movimiento Campesino de Colombia, en lograr las transformaciones necesarias”, insistió Harman.

Precisamente, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, señaló que el Estado está perdiendo herramientas para temas como la recuperación de baldíos indebidamente ocupados o el deslinde de tierras de la nación, que ahora deben ser decididos en instancia judicial y por eso es necesario agilizar la reforma agraria.

“Necesitamos que la jurisdicción agraria se implemente con el objeto de que estos procesos sean decididos en la instancia que ha definido hoy la Corte Constitucional. Suspender los procesos agrarios es suspender la posibilidad de alimentar el Fondo Nacional de Tierras y con ello el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de Paz”, explicó la ministra.

Carvajalino manifestó que desde el Gobierno insistirán en todas las medidas legales para “que los procesos agrarios, la administración de las tierras de la nación y la redistribución de la tierra altamente concentrada sean la posibilidad de construir la paz y la democracia en el país”.