Penas de 5 a 8 años por secuestros a Farc no las inventó la JEP: presidente Justicia Especial de Paz

El magistrado Roberto Carlos Vidal López, presidente de la Justicia Especial de Paz (JEP), explicó en Mañanas Blu la recomendación de la jurisdicción para penas de entre cinco y ocho años de sanciones para siete exjefes de las Farc que reconocieron su responsabilidad en los secuestros cometidos por la antigua guerrilla durante el conflicto armado y por los que fueron imputados por este tribunal.

"La decisión de que comparecientes a laJurisdicción Especial para la Paz que reconozcan su responsabilidad y hagan aportes para la verdad, terminen teniendo sanciones de cinco a ocho años como máximo, a través del cumplimiento de sanciones propias, es una decisión no de la JEP, sino de los acuerdos de paz que realizó el Gobierno con las Farc", sostuvo el magistrado Vidal.

El presidente, dijo, además, que las penas están en la ley y la Constitución y que no fueron inventadas por la JEP ni de la sala de Reconocimiento de Verdad.

"Segundo, eso está vertido en la Constitución y la ley. En tercer lugar, no solo se aplica a las Farc, sino a todos los comparecientes de la jurisdicción, también a miembros de la fuerza pública, así como a terceros y funcionarios del Estado que voluntariamente se aproximen a la jurisdicción. No es una decisión, ni una introducción o un invento de la JEP, así como tampoco de la sala de reconocimiento", agregó el funcionario judicial.

En su resolución de conclusiones, la sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que Rodrigo Londoño, Jaime Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda "reconocieron su responsabilidad por los por crímenes de guerra y lesa humanidad imputados en el Caso 01", detalló la JEP en un comunicado. Además, la sección del tribunal recomendó a la siguiente sala de la JEP que se tiene que ocupar de este caso y enunciará las sanciones que sean de 5 a 8 años.

Así, será ahora la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal Especial para la Paz la que deba decidir las sanciones propias que impondrá a los excombatientes y la forma en que serán materializadas.