Pegasus, ¿hubo delitos? Nuevas revelaciones le dan un giro al caso

El periódico El Tiempo reveló que el software de vigilanciaPegasus habría sido adquirido con financiación de Estados Unidos y presuntamente utilizado para monitorear ciertos sectores dentro del país, relacionados con el narcotráfico. La información generó una serie de reacciones, cuestionamientos y opiniones sobre la legalidad y el propósito de su uso, especialmente por las implicaciones internacionales de la compra y el rol que jugó el gobierno estadounidense.

¿Qué es Pegasus y por qué genera controversia?

Pegasus es un sofisticado software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group , que permite la intervención y monitoreo de dispositivos móviles de manera encubierta. Ha sido utilizado en distintos países con el fin de vigilar tanto a criminales como a figuras públicas.

Sin embargo, en Colombia, la historia toma un giro al revelarse que Estados Unidos no solo estuvo al tanto de la adquisición de este software por parte del Gobierno colombiano, sino que también proporcionó los fondos necesarios para su compra, presuntamente con fines de apoyo en misiones de lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con las investigaciones publicadas, la operación habría tenido lugar en 2020. No obstante, los fondos involucrados, valorados en aproximadamente 11 millones de dólares, fueron enviados desde Israel y supuestamente transferidos a la base antinarcóticos de la Policía en Bogotá. Aunque la administración del entonces presidente Iván Duque y otros sectores del gobierno no fueron notificados de inmediato, el descubrimiento de esta transacción y su posible uso en operaciones de inteligencia han levantado alarmas tanto dentro de Colombia como en la comunidad internacional.

¿Uso legítimo o violación de derechos?

Ante las revelaciones, surgieron múltiples opiniones que abren el debate sobre la legitimidad del uso de Pegasus. En el programa Mañanas Blu, panelistas y periodistas discutieron la posibilidad de que haya existido o no una violación de los derechos de los ciudadanos al emplear el software sin una autorización judicial explícita.

Opiniones en el caso Pegasus

María Consuelo Araújo, una de las panelistas, argumentó que el hecho de que Estados Unidos haya financiado la compra de Pegasus no convierte automáticamente su uso en algo ilícito.

“Si había un marco de cooperación, si el dinero es lícito, y si no hubo un uso indebido del software, ¿cuál es la denuncia?”, afirmó.

En su opinión, la participación de Estados Unidos en estas operaciones de inteligencia ha sido una constante en la historia reciente de Colombia, y que, mientras no haya evidencia de abusos, no debería considerarse como un delito.

Por su parte, Héctor Riveros expresó dudas sobre la transparencia de la operación. Señaló que, si la adquisición de Pegasus fue legítima, debería existir un registro claro de la transacción. En respuesta, Daniel Mejía explicó que las operaciones de inteligencia generalmente son encubiertas y que no necesariamente están sujetas a la supervisión judicial pública debido a su naturaleza.

Mejía defendió esta postura, mencionando que las interceptaciones y seguimientos dentro de las operaciones de inteligencia no suelen ser divulgadas.

“Para eso son operaciones de inteligencia, para recolectar información que luego pueda pasar a la Fiscalía sin revelarse públicamente”, indicó tras hacer énfasis en que este tipo de acciones secretas han sido una práctica común en operaciones antinarcóticos.

¿Hay una línea entre la inteligencia y el espionaje ilegal?

Néstor Morales, por su parte, recordó la famosa Operación Jaque realizada durante el Gobierno de Álvaro Uribe, en la que se mantuvo total reserva antes de la ejecución. Sin embargo, Riveros destacó que, aunque las operaciones de inteligencia suelen ser confidenciales, las interceptaciones de comunicaciones deben cumplir con la Constitución colombiana, la cual exige una autorización judicial previa para evitar abusos.

Luis Ernesto Gómez, otro panelista, manifestó que detrás de este caso existen elementos turbios, que generan dudas sobre el manejo de los recursos y la transparencia de las operaciones.

“No solo transportan 11 millones en efectivo para regalar el software, sino que el Gobierno colombiano ni siquiera estaba al tanto de la donación”, expresó tras sugerir que esta falta de conocimiento pone en duda la legalidad de la adquisición.

 Además, Álvaro Forero cuestionó la motivación de Estados Unidos para facilitar la operación de forma encubierta, destacando que NSO Group está oficialmente prohibida en Estados Unidos.

“¿Por qué Estados Unidos no lo hizo de frente? ¿Por qué en efectivo? Esto plantea interrogantes sobre la naturaleza y alcance de las operaciones de inteligencia extranjeras en Colombia”, indicó.

Finalmente, Aurelio Suárez opinó que Colombia, como un país en situación de neocolonia, enfrenta la intervención de Estados Unidos en varios aspectos, lo que ha dado lugar a un debate sobre la soberanía y autonomía del país en temas de seguridad e inteligencia. Suárez también señaló que, según el presidente Gustavo Petro, el gobierno anterior habría adquirido Pegasus para monitorear su campaña, en lo que denominó un intento de manipular la narrativa del espionaje con fines políticos.

“Yo hoy los devuelvo la invitación a ver Netflix para los que no creen en operaciones encubiertas de los EE. UU. Y que entonces hice la no, Petro se inventó un relato. El relato de Petro era más o menos de que había el Gobierno de Duque comprado un software para espiarlo a él. Un software, un malware para enviar para espiarlo a él y dañar su campaña. Y los petrovídeos un spyware más preciso. Bueno, pues entonces salieron los agentes gringos y dijeron los chino no es así. Y resultó que operación más resultó. Es una operación más”, indicó Suárez.