En una audiencia realizada este jueves, 22 de agosto, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión del segundo proceso penal en curso contra Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el marco del escándalo de corrupción de Odebrecht. La solicitud se fundamenta en el principio jurídico que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.
La delegada de la Fiscalía expuso que Andrade fue imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, específicamente por las presuntas irregularidades en los otrosíes 3 y 6 del contrato de concesión 01 de 2010, correspondiente a la Ruta del Sol II.
Sin embargo, la funcionaria señaló que ya existía un proceso penal en curso por los mismos hechos en el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá, donde Andrade enfrenta un juicio por este y otros delitos relacionados con el caso Odebrecht.
Durante la audiencia, la fiscal explicó que la imputación en el segundo proceso se hizo sin considerar la existencia del juicio previo, lo que podría generar una nulidad. Resaltó la necesidad de evitar un problema jurídico y el desgaste innecesario de la administración de justicia. Por ello, se solicitó la preclusión del caso, argumentando que la justicia ya está actuando en otro juzgado sobre los mismos hechos.
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La audiencia continuará el próximo 12 de septiembre, cuando la jueza 62 Penal del Circuito escuchará a la defensa de Andrade, a la abogada de la ANI y a la Procuraduría antes de tomar una decisión definitiva sobre la solicitud de preclusión. Este desenlace es crucial, ya que determinará si el segundo proceso contra Andrade se cierra o si la justicia continúa su curso en paralelo al juicio ya en marcha.
La defensa de Andrade ha sostenido que la duplicidad de los procesos podría constituir una vulneración de sus derechos, argumento que será clave en la próxima fase del caso.
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En el proceso en curso, que está en etapa de juicio, la Fiscalía encontró que la firma de los otrosíes habría permitido comprometer recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). Además, se habría desafectado un tramo por un valor cercano a los $20.000 millones, cuando debía hacerse por una suma superior a los $65.000 millones.
Esta parte de la ruta que conecta el centro del país con la costa Caribe fue adjudicada a favor de Consol, de la cual hacía parte la multinacional corrupta Odebrecht.
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