La Procuraduría General de la Nación
realizó una serie de inspecciones disciplinarias para identificar servidores públicos que hubiesen incurrido en posibles irregularidades por el caso de la caravana interceptada por el Ejército Nacional en Antioquia, en la que se movilizaban disidentes de las Farc con órdenes de captura vigentes.
La primera diligencia se realizó en Bello, Antioquia, a la Unidad Militar, en donde recaudó y practicó las pruebas pertinentes buscando esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la retención y posterior requisa de las siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
involucradas en los hechos ocurridos el 23 de julio de 2024.
A su vez, a través del equipo forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, practicó la diligencia disciplinaria en la Oficina de la Alta Consejería para la Paz, en donde obtuvo las resoluciones mediante las cuales se otorgó el papel como negociadores a los miembros del grupo armado Estado Mayor Central que se desplazaban en la caravana.
Al mismo tiempo, en las instalaciones de la UNP, el Ministerio Público recopiló, mediante la inspección, manuales de funciones y protocolos de seguridad de los funcionarios que conformaban el esquema de seguridad de las personas que se transportaban en las camionetas.
El ente de control manifestó que, luego de analizar la información recolectada durante las prácticas, se identificarán las posibles faltas disciplinarias.
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