Hace un año se conoció una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual condena al Estado colombiano por el exterminio contra el partido Unión Patriótica. En el texto se explica que desde 1984, y por más de 20 años, se cometieron diferentes delitos contra militantes y simpatizantes de la UP, dejando al menos 6.000 víctimas en el país, por lo que el Estado debe asumir su responsabilidad, investigar los casos que no han sido esclarecidos y reparar a las víctimas.
Tras un año de esta decisión, las víctimas de la UP aseguran que aún no se ha cumplido la sentencia.
No se han cumplido las órdenes de reparación que profirió la honorable Corte Interamericana, otra medida que en teoría despegó en diciembre del año pasado era la de la Unidad de Víctimas de empezar el trámite para el pago de las indemnizaciones del primer grupo de víctimas, pero muchas víctimas no han podido cargar la documentación para dar inicio a la reclamación, y es que a la fecha no van más de 20 víctimas a quienes se les ha efectuado el pago efectivo de la indemnización
La Corte, entre otras cosas, había ordenado Iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones. También efectuar la búsqueda de los desaparecidos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; sin embargo, aún hay pendientes por parte del Estado.
“Esto significa que ese compromiso político, asumido y expresado de manera reiterada por el presidente no ha tenido una expresión real en la institucionalidad, en que la institucionalidad se acomode para dar cumplimiento efectivo a esta sentencia”, explicó Aponte.
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