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Niegan libertad por vencimiento de términos a Ciro Ramírez por Marionetas 2.0

Esta decisión fue tomada bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, que argumentó que no se cumplían los términos necesarios para conceder la libertad por vencimiento de términos

Senador Ciro Ramírez del Centro Democrático
Senador Ciro Ramírez del Centro Democrático
Foto tomada de 'X' @CIROARAMIREZ

La Corte Suprema de Justicia negó la libertad por vencimiento de términos al exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez , quien está siendo juzgado y permanece en la cárcel La Picota, por el escándalo de corrupción Marionetas 2.0.

“Denegar la solicitud de libertad por vencimiento de términos invocada por la defensa de Ciro Ramirez”, dice el fallo.

La segunda decisión que tomó el alto tribunal fue expresar a la defensa del exparlamentario que frente al fallo, podían apelar: “contra este proveído proceden los recursos de reposición y apelación, en los términos de los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000”.

Esta decisión fue tomada bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, que argumentó que no se cumplían los términos necesarios para conceder la libertad por vencimiento de términos, según lo estipulado en la legislación vigente.

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El fallo judicial, que se basa en los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000, permite a la defensa de Ramírez Cortés interponer recursos de reposición y apelación. Estos recursos son mecanismos legales que podrían ser utilizados para intentar revertir la decisión del tribunal, aunque no garantizan un cambio en el resultado.

Visitas, contratos y testimonios llevaron al senador Ciro Ramírez a la cárcel por presuntamente haber conformado una red de corrupción que tenía el objetivo de embolsillarse dineros públicos, a través de contratos amañados e, incluso, de aumentar su capital electoral en diferentes regiones del país.

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El congresista del Centro Democrático se encuentra investigado por el contrato 670 de 2021, que firmó el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) con la empresa Proyecta Quindío. Ese convenio se firmó entre el 8 y el 12 de noviembre por un valor de 48.660 millones de pesos.

Ese contrato habría sido inspirado en otro, según la Corte, bajo el número 501, con el que se había hecho un direccionamiento de otros contratos. La idea, al parecer, era replicar esa artimaña para constituir una gerencia que beneficiara a Ramírez en las regiones donde tenía capital electoral.

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