Manuel Nule es imputado por la Fiscalía por presunta corrupción en acueducto de Anapoima

Este lunes, 24 de julio, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la fiscal Angélica Monsalve,imputó a Miguel Nule y Jerónimo Camilo Daza los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado, que no fueron aceptados por las defensas de los acusados. Cabe recordar que la construcción del acueducto de La Mesa-Anapoima ha tenido una inversión de más de 70.000 millones de pesos y una demora de más de 17 años.

Este caso tiene, según la Contraloría, a más de 100.000 habitantes afectados de La Mesa y Anapoima porque no cuentan con agua potable. En su momento, el excontralor Carlos Hernán Rodríguez dijo que hay posibilidad de que se pierda la totalidad del proyecto; es decir, más de 70.000 millones de pesos.

Según reveló la Fiscalía, en audiencia, Pablo Ardila, exgobernador de Cundinamarca, pagó el total de la obra sin haber sido terminada, además que generó un detrimento patrimonial “muy grande”.

“La Gobernación de Cundinamarca tuvo que declarar el incumplimiento en todos los contratos suscritos con ustedes. Por mentir en cuanto a las actas de interventorías y por obstaculizar las realización de la obra por incumplimientos reiterados”, dijo la fiscal.

Además, la fiscal Angélica Monsalve dijo que Jerónimo Daza, exsecretario de Obras Públicas de la Gobernación de Cundinamarca, tenía total conocimiento de los contratos de interventoría por lo que tenía claro que los consorcios de las Redes de Cundinamarca e Inter Subachoque eran empresas de Guido Alberto Nule, Manuel Nule y Miguel Nule.

El escandalo de los Nule en el acueducto de Anapoima

La historia de este escandalo de corrupción sobre el acueducto de Anapoima se da hace 17 años cuando los Nule firmaron dos contratos de obras y dos de interventoría con la Gobernación de Cundinamarca. Hecho que permitió que les desembolsaran casi 30.00 millones de pesos por una obra que aún no ha sido terminada.

Según la Fiscalía, los Nule, en calidad de contratistas e interventores de esos contratos, vigilaban que las obras se ejecutaran por eso lograron cobrarle a la Gobernación ese desembolso.

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