Por varios delitos como masacres, desplazamiento forzado, homicidios contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes de la Unión Patriótica y el presunto abuso sexual contra menores, deberán responder 86 exjefes de grupos paramilitares que sembraron el terror en varias regiones del país.
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Por eso, un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional radicó ante las salas de conocimiento de Justicia Transicional del Tribunal de Santander la solicitud de imputación de 286 hechos de violencia que cometieron los comandantes de las autodefensas entre los años 1985 y 2006.
“Estos exjefes paramilitares deberán responder por masacres como la de Segovia (Antioquia), el 11 de noviembre de 1988; Becerril (Cesar), el 16 de noviembre de 1998; Unilla (Guaviare), el 14 de julio de 2003; Piñalito (Sucre), el 21 de febrero de 1988 y la de Funza (Cundinamarca), en noviembre de 2003, entre otras”, dice el comunicado de la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía acusa a los paramilitares por los homicidios de Manuel Guillermo Omera Mirabal, ocurrido en Aguachica (Cesar), el 28 de enero de 1994 y Víctor Isaza Uribe, ocurrido el 19 de noviembre de 1987 en Puerto Nare (Antioquia). Estos hechos se encuentran radicados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los exjefes paramilitares que serán imputados por estos delitos son: Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo Serna, Juan Francisco Prada, Raúl Emilio Hasbun Mendoza, Elkin Casarubia Posada, Rodrigo Pérez Álzate, Ramiro Vanoy Murillo, Ramón María Isaza, José Ever Veloza (alias HH) y Jorge Iván Laverde Zapata.
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