“Manchamos los nombres de estas familias”: militares admitieron responsabilidad en falsos positivos

Este martes, ante la JEP , 11 máximos responsables de los llamados falsos positivos en el Catatumbo reconocieron su responsabilidad en el asesinato de, al menos, 120 personas. Las muertes fueros de civiles a los que hicieron pasar como guerrilleros abatidos en combate.

En el auditorio de la universidad Francisco de Paula Santander, en Ocaña, se encontraron las víctimas, sus representantes, los militares y un civil, quienes hablaron cara a cara y reconocieron estos hechos. En las paredes se podía ver los carteles y fotos de las víctimas de estos delitos entre los años 2007 y 2008; sus familiares llegaron con camisetas negras en las que se leía la frase “quién dio la orden”, donde, además, aparecen las imágenes de algunos altos mandos del Ejército.

Hacia las 10:00 de la mañana las primeras en tomar la palabra fueron las víctimas, quienes les dejaron claro a los militares que lo que esperan es que le digan al mundo que sus familiares no eran ningunos guerrilleros.

Por su parte, María Consuelo Daza pidió que se reivindique el nombre de su hermano y de las demás victimas de todo el país.

“Por favor reivindiquen el nombre de mi hermano Luis Alfonso Daza y de todas las víctimas de Norte de Santander, Soacha y el país entero”, expresó.

Las víctimas también hicieron preguntas directas sobre casos concretos. A su turno, Sandra Barbosa le pidió explicaciones a estos militares sobre lo sucedido con su hermano que fue al médico por un dolor que tenía en una muela y nunca volvió.

“Lo llevaron arrastrado poniéndole un fusil y una granada diciendo que era un guerrillero. Un muchacho que venía de un puesto de salud que le habían sacado las muelas. Lo llevaron y le echaron líquido en la cara, lo torturaron por todos lados. Yo soy hermana y padre porque hay un niño de dos años que quedó huérfano, pues la madre murió”, narró.

La respuesta llegó con la primera intervención de los comparecientes y el cabo primero Néstor Gutiérrez, quien fue comandante de escuadra en la brigada móvil 15. Empezó a explicar que el Ejército, entre 2007 y 2008, trabajó de la mano con los paramilitares para cometer estos delitos. Él mismo recibía las armas y se encargaba de crear toda una escena de un supuesto combate para legalizar las supuestas bajas.

Además, explicó que le exigía a una mujer que vendía droga que le entregara los nombres de campesinos y jóvenes que podían ser posibles víctimas y, de esta manera, él desarrollaba las operaciones; hablándole de frente a la señora Sandra le dijo que el único pecado que había cometido su hermano fue enfermarse de ese dolor de muela.

“A mí me llama -la informante- y me dice Gutiérrez, Javier Peñuela bajó al pueblo en una bicicleta. Yo no estaba en el pueblo, pero hago la coordinación por teléfono con otra unidad que estaba cerca. Ella me dice que él estaba en una tienda y fue el Ejército y lo sacó de la tienda”.

Asimismo, pidió perdón y explicó que en ese momento cometieron estos asesinatos con el fin de cumplir con los resultados que esperaban tanto el Gobierno como los altos mandos militares en ese entonces.

Otros casos

“La mujer de él para esa época tenía cuatro meses de embarazo, es decir, que el hijo hoy en día puede tener 14 años. Entonces yo le quité la oportunidad a ese niño de nacer y tener un padre y un futuro”, añadió en su declaración Gutiérrez.

Se espera que también haga su reconocimiento el excomandante de la brigada 30 del Ejército general en retiro Paulino Coronado y, asimismo lo hará Alexander Carretero, un civil que ante la JEP ya aceptó haber reclutado jóvenes humildes en distintas zonas del país para traerlos a este departamento por medio de engaños y entregarlos al Ejército con el fin de que fueron presentados como bajas en combate.

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