La mamá de Natalia Castillo , la periodista de la ONU que perdió la vida durante un intento de hurto el diciembre pasado en Bogotá, no está de acuerdo con la propuesta de la nueva fiscal del caso en efectuar un preacuerdo con los implicados en el asesinato de su hija .
La audiencia que estaba programada para este martes fue aplazada, con el fin de que la nueva fiscal revise las pruebas en este proceso.
María Emma Preciado, madre de Castillo, mostró bastante preocupación con el nuevo aplazamiento de la audiencia preparatoria de juicio, la cual quedó para el próximo 2 de agosto de 2022. Preciado mencionó que, al parecer, los acusados están haciendo un preacuerdo con la Fiscalía y no están teniendo en cuenta a las víctimas.
Se refirió puntualmente a la nueva fiscal del caso, Gladys Salamanca, quien en medio de la audiencia señaló que aún no ha revisado las pruebas y los DVD que están en manos del ente investigador, por lo que pidió correr la fecha para poder proponer un preacuerdo.
“Hoy la audiencia era con el juzgado 15 penal a las 8:00 en punto, quedamos muy desconcertados como víctimas y nuestra apoderada, porque la fiscalía estaba haciendo preacuerdos con la contraparte, entonces eso nos tiene muy preocupados”, señaló María Emma, madre de Natalia.
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También hizo un llamado para que se haga justicia, porque señala que se trató de un homicidio y no habría lugar para un preacuerdo.
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"Solo le pido a Dios y a la fiscalía, que todo sea para bien, que se hagan las cosas como se tienen que hacer, que la fiscal realmente, se empodere en el caso, que sé que va a ser así, y le pido que como víctima, y que por las circunstancias que pasaron, que era una niña periodista que estaba llena de vida, volando, como madre he estado enferma, solo pido justicia para mi hija", resaltó.
Ángelo Colina y Javier Ramírez, investigados por presuntamente participar en el asesinato de la asesora de comunicaciones de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia, durante un atraco en el barrio Galerías, fueron enviados a la cárcel por orden de un juez.
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Sin embargo, pese a que les dieron medida de aseguramiento hace varios meses, aún se encuentran en una URI.
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