
Una grave denuncia sacude el panorama político colombiano tras la acusación interpuesta ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido públicamente como JP Hernández .
Según las pruebas conocidas por Blu Radio, el congresista estaría involucrado en un presunto caso de soborno, hostigamiento agravado y manipulación judicial para perjudicar al embajador Roy Barreras.
Los hechos se remontan al 13 de abril de 2023, cuando JP Hernández publicó un video en redes sociales titulado “¡Atención! Nueva olla podrida en el Congreso. Roy Barreras, respóndale a Colombia”, en el que señalaba al embajador de participar en irregularidades relacionadas con el Convenio No. 983 de 2022. Dicha denuncia fue replicada en diversas plataformas y motivó la apertura de una investigación previa por parte de la Corte Suprema de Justicia .
Sin embargo, el giro en la historia se dio cuando tres testigos claves —Kilian Antonio Torres Rojas, Catherine Torres Rojas y John Jairo Uribe Muñoz— rindieron declaraciones juradas ante el alto tribunal, en las que señalaron que JP Hernández supuestamente les ofreció dinero, contratos e incluso salidas del país a cambio de que emitieran testimonios falsos contra Barreras.
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Uno de los testimonios más contundentes es el de Kilian Torres, quien relató haber sido supuestamente transportado en una camioneta por el senador, quien le ofreció “algo beneficioso en el Congreso”, incluyendo el pago total de un contrato o incluso evitar presentarse a trabajar, a cambio de dar un testimonio que lo favoreciera. En sus palabras, “Él en esos momentos quería ser mediático y lo logró con nosotros. […] Todo lo que nos ofreció. Ya después lo llamábamos para que nos cumpliera y ya no nos contestaba”, afirmó el testigo en declaración juramentada.
Por su parte, Catherine Torres describió la operación como un montaje cuidadosamente planificado, en el que JP Hernández habría presuntamente instruido a los testigos sobre lo que debían decir, asegurándoles apoyo laboral y confidencialidad. Según ella, fue solo tiempo después que comprendió que “ese empleado” era en realidad un senador de la República.
El tercer testigo, John Jairo Uribe, sostuvo que tanto él como otros implicados fueron objeto de un plan para inculpar falsamente al embajador. “Nos ofrecieron una cantidad de dádivas, lo mismo al otro muchacho, con tal de que declararan en contra mía. Y yo al senador JP ni lo conozco, ni siquiera sé quién es él”, afirmó el testigo en la Corte.
La defensa de Roy Barreras calificó estos hechos como parte de un patrón sistemático de instrumentalización de la justicia y uso mediático de falsas acusaciones con fines personales. En una declaración pública y judicial, su equipo legal solicitó el cierre inmediato de la diligencia y la apertura de una investigación penal formal contra JP Hernández, a quien acusan de haber afectado no solo el buen nombre del embajador, sino también la legitimidad del ejercicio parlamentario.
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Además, se conoció que los testigos que declararon en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tienen medidas de protección tras haber sido amenazados después de rendir sus versiones ante el alto tribunal.