En una decisión controversial, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al excanciller Álvaro Leyva Durán para ocupar cargos públicos, señalando faltas graves en un proceso de licitación. Ernesto Espinosa, presidente de la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría, defendió en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la decisión aludiendo a que la actuación de Leyva al declarar desierta la licitación de pasaportes, donde el único oferente cumplía con los requisitos, no se ajustó a los principios de contratación estatal establecidos en la ley.
“La falta del excanciller no fue no adjudicarle a Thomas Greg, sino en la forma como declaró desierta la licitación”, precisó Espinosa.
La decisión: "Un proceso autónomo de la Procuraduría"
En respuesta a las declaraciones de Leyva, quien aseguró que la procuradora Margarita Cabello actuó con criterios políticos, Espinosa aclaró que la decisión fue tomada por la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría, integrada por tres delegados y en la que Cabello no intervino.
La procuradora no tiene ninguna injerencia ni interferencia en la decisión
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Según el procurador Espinosa, la Cancillería había definido previamente un conjunto de reglas para la licitación, las cuales fueron cumplidas por el único oferente, la empresa Thomas Greg & Sons. Sin embargo, Leyva optó por declarar desierta la licitación argumentando irregularidades en el proceso, pero, para la Procuraduría, sus razones no estaban debidamente justificadas según la normativa.
“El ministro reasume la dirección de la actividad contractual y declara desierta la licitación sin un fundamento que cumpliera con los presupuestos legales”, explicó Espinosa.
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La falta de adjudicación como causal de destitución
Uno de los puntos cruciales del fallo fue la presunta falta de justificación de Leyva para declarar desierta la licitación, un proceso en el cual, según la ley colombiana, si un único oferente cumple con los requisitos, se le debe adjudicar el contrato. Espinosa insistió en que, al existir un solo proponente que cumplía con los requisitos, Leyva estaba en la obligación de asignar el contrato.
“La norma no dice que se puede adjudicar, dice que se debe adjudicar si cumple con los requisitos”, subrayó Espinosa.Este incumplimiento llevó a que la Procuraduría calificara la falta de Leyva como “gravísima”, ya que, de acuerdo con Espinosa, “participó en la actividad contractual desconociendo los principios que rigen la contratación estatal en Colombia”.
La ley, explicó, determina qué conductas se consideran gravísimas en el ámbito disciplinario, y la Sala de Juzgamiento determinó que el comportamiento de Leyva encajaba en esa clasificación.
¿Corrupción o errores de planeación?
El argumento de Leyva de que los pliegos de la licitación estaban amañados a favor de Thomas Greg & Sons fue otro tema de discusión en la entrevista. Espinosa señaló que en la investigación disciplinaria no se encontró evidencia de corrupción. Según el procurador, aunque hubo deficiencias en la planeación del proceso, estas no se hicieron con el fin de favorecer a un proponente en particular.
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“No se probó corrupción, quedó en el mundo de la especulación”, puntualizó Espinosa.
Espinosa explicó que, a pesar de que Leyva y su defensa insistieron en la existencia de irregularidades en los pliegos de la licitación, los testimonios de los funcionarios de la Cancillería que participaron en la elaboración del proceso no corroboraron esta teoría. Así, la Procuraduría concluyó que no había elementos suficientes para respaldar la acusación de corrupción.
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La decisión de la Procuraduría no está exenta de críticas. Leyva argumentó que el organismo no tiene la facultad de cuestionar la legalidad de sus decisiones administrativas y que esta competencia corresponde exclusivamente a un juez administrativo. Sin embargo, Espinosa aclaró que la Procuraduría no está declarando la ilegalidad del acto administrativo de declarar desierta la licitación, sino que cuestiona la responsabilidad disciplinaria de Leyva en ese acto.
“No estamos diciendo que el decreto es ilegal; estamos diciendo que incurrió en falta disciplinaria porque declaró desierta la licitación sin justificar en debida forma sus razones”, aseguró Espinosa.
Esta decisión de la Procuraduría podría tener implicaciones significativas en otros procesos legales. Por un lado, Thomas Greg & Sons mantiene una demanda contra el Estado colombiano por la anulación de la licitación, un caso que podría enfrentar al gobierno a nuevas responsabilidades legales y financieras. No obstante, Espinosa enfatizó que la decisión tomada en el proceso disciplinario es independiente de los litigios en la jurisdicción contenciosa administrativa.
Leyva ha anunciado que apelará la sanción, y el caso será revisado en segunda instancia por el despacho de la procuradora. En ese escenario, se evaluarán nuevamente los argumentos de su defensa, que sostienen que la decisión de Leyva de declarar desierta la licitación estaba justificada por un intento de preservar la moralidad pública y evitar posibles actos de corrupción en la adjudicación.
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