En una declaración conjunta, el fiscal General,Francisco Barbosa Delgado , y el defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, anunciaron la manera en la que trabajarán articuladamente en dos misiones con respecto a las amenazas a la comunidad de El Salado.
La situación actual de amenazas a líderes sociales y el proyecto de coordinación de cifras de esta problemática en el país.
Según el fiscal Barbosa, se desarrollarán mecanismos de colaboración como una mesa técnica compuesta por la UNP, los diferentes ministerios, el Ejército, la Policía, bajo la coordinación del defensor del pueblo y la Fiscalía acompañando la misma, frente a los casos de protección de derechos humanos.
Un plan de coordinación para las cifras de líderes sociales en el país. Es muy importante decirles que la Defensoría del Pueblo tiene un trabajo sobre recepción de denuncias de violación de derechos humanos a los líderes sociales y la Fiscalía recepciona esas denuncias, caracteriza y determina si estamos frente a un líder social o no, para unificar la información sobre crímenes de sociales en el país
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Además, informaron que ya tienen judicializados a dos de los presuntos responsables de las amenazas a la líder Yirley Velasco Garrido y su familia, con relación a los hechos ocurridos entre 2018 y 2020.
“Respecto a las nuevas amenazas contra la lideresa y la comunidad en general del corregimiento El Salado, municipio Carmen de Bolívar (Bolívar), el Fiscal Barbosa priorizó las acciones investigativas para esclarecer los hechos y destacó además un grupo de trabajo para articular esfuerzos entre dependencias, impulsar los procesos por este tipo de afectaciones y realizar las investigaciones en contexto”, añadieron en un comunicado de prensa.
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Al parecer, se realizó la búsqueda selectiva en base de datos que permitió identificar que el número desde donde fueron enviados los mensajes amenazantes contra la familia de la lideresa, efectivamente correspondía a una línea usada en el mismo corregimiento.
La Fiscalía añadió que se ha intensificado el desarrollo de diferentes labores de policía judicial para recaudar material probatorio sobre este y otros casos denunciados en El Salado, por las afectaciones a personas defensoras de derechos humanos.
Además, resaltó la entidad que, en un año, el avance de esclarecimiento de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos pasó del 51% al 63,52%, lo que representa un aumento del 12%.
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