La Fiscalía General de la Nación informó la captura de Jesús Alejandro Garzón Rincón, un funcionario del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, acusado de extorsionar a servidores públicos con el fin de favorecerlos en supuestos fallos disciplinarios.
BLU Radio conoció que, hasta el momento, se han logrado identificar cinco supuestas víctimas de la red de la que haría parte Garzón.
La primera víctima que denunció al despacho del exprocurador Fernando Carrillo los hechos fue el senador Richard Aguilar, a quien le habría exigido 300 millones para favorecerlo, supuestamente, en una investigación relacionada con un contrato cuando fue gobernador de Santander.
En lista le siguen la entonces senadora, hoy prófuga de la justicia, Aida Merlano y el también hoy prófugo de la justicia ‘Jesús Santrich ’. Además, esta red de la que haría parte Garzón Rincón habría intentado abordar al general de la Policía Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Polfa, quien dijo a BLU Radio que no alcanzaron a contactarlo para extorsionarlo, y también habría tratado de influenciar en una revocatoria que se estaba haciendo en el departamento de Córdoba contra un mayor de Policía.
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Según las pesquisas, el funcionario se relacionaba con los abogados de sus supuestas víctimas para exigirles dinero a cambio de información sobre procesos o beneficiarlos en fallos disciplinarios.
“Vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
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La investigación inició desde diciembre del 2019, cuando el exprocurador Carrillo denunció los hechos ante el Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.
Según la investigación, el funcionario, que será imputado como presunto responsable del delito de concusión, habría exigido altas sumas de dinero a funcionarios públicos, a cambio de información privilegiada sobre los procesos que cursaban en su contra e incluso ofrecía cambiar el sentido de los fallos.
A pesar de que la denuncia se hizo en el 2019, Garzón permaneció en el cargo hasta enero de este año. Sin embargo, fuentes de la Procuraduría explicaron que por recomendación directa de los investigadores de la Dijín no se hizo ningún movimiento del funcionario, mientras se avanzaba en la recolección de pruebas en su contra.
BLU Radio también conoció un documento en el que consta que la orden de captura en su contra fue expedida desde el 24 de noviembre del año pasado, aunque se hizo efectiva este viernes.
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Fuentes de la investigación confirmaron que la siguiente etapa que se viene en el proceso es la de rastrear las propiedades que tendría Garzón Rincón fuera del país adquiridas, presuntamente, con dineros ilícitos.
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