Salió a relucir un nuevo escándalo de redes que direcciona la contratación en el país, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos personas que harían parte de un entramado de corrupción que intervino ilícitamente en procesos contractuales que se realizaron en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
Se trata de Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ciro Ramírez, y del contratista Anderson González González, a quienes una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que ninguno de los dos aceptó.
En 2021, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron el contrato interadministrativo N°670 de 2021, por 48.660 millones de pesos, y ‘Proyecta Quindío’ se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Según la Fiscalía, aprovechó su régimen de contratación exceptuado y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal.
Para la Fiscalía, Karen Rivera Bohórquez, en su rol de enlace con un senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.
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En ese sentido, el contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador y quedarse con el negocio.
Como parte de esta nueva línea de investigación, desde el inicio de las actividades, de policía judicial, la Fiscalía le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que indague la posible responsabilidad del congresista Ciro Ramírez, quien encabezaría esta red de corrupción.
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Al parecer, por ese favorecimiento acordó el pago de 1.000 millones de pesos, que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intervinieron.
Los 11 contratos comprometidos ascienden en valor a 9.376 millones de pesos, y fueron suscritos en municipios de Tolima:
- Purificación: contrato de obra por 1.639 millones y de consultoría por 114 millones para construir vías con placa huella.
- Mariquita: contrato de obra por 1.981 millones y de consultoría por 139 millones para vías con placa huella.
- Villarrica: contrato de obra por 1.293 millones y de consultoría por 90 millones para vías en placa huella.
- Melgar: contrato de obra por 2.125 millones y de consultoría por 148 millones para la pavimentación en concreto rígido de una vía.
- Piedras: contrato de obra por 1.139 millones y de consultoría por 79 millones para la pavimentación de varias calles.
- Contrato denominado ‘Tolima Varios’: que correspondía a una consultoría por 629 millones).
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