LaProcuraduría General de la Nación interpuso una denuncia penal contra la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, por el delito de prevaricato por acción, al haber ordenado la libertad de dos jóvenes de la Primera Línea.
Para el Ministerio Público la juez no dio traslado a uno de los jueces de garantías que estaban de turno en Bogotá y por este mismo hecho el órgano de control instauró una queja disciplinaria contra la funcionaria.
“La juez coordinadora pasó por alto que las resoluciones remitidas por el alto comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua, y, además, en su decisión no dejó constancia de la norma que la facultaba para decretar su libertad”, se lee en el documento.
Para la Procuraduría la funcionaria debió realizar un análisis de fondo sobre la solicitud que se le planteaba para hacer el control que le correspondía, y no actuar como “una simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”.
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El ente de control señaló, además, que a la Procuraduría nunca le notificaron sobre el asunto y se enteró de la decisión por los medios de comunicación que divulgaron la noticia.
Por otro lado, la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Acusatorio de Paloquemao le respondió en un comunicado a la Procuraduría, en el que aseguró que no existen irregularidades en la suspensión de las medidas de aseguramiento y, por ende, en las libertades otorgadas a los ciudadanos Adriana Esperanza Bermeo Súa y Santiago Márquez Charris, integrantes de la Primera Línea. Además, que sí tiene la competencia para conceder la libertad en este caso.
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