La denuncia contra el fiscal del caso Uribe

BLU Radio conoció la denuncia que interpusieron el senadorIván Cepeda y el exfiscalEduardo Montealegre contra el fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, líder del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Para Cepeda y Montealegre, hay suficientes evidencias en contra del expresidente en el proceso que le llevaban por soborno y fraude procesal.

“En el proceso existen evidencias que demuestran que habría cometido los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en calidad de determinador. Se estructuran los elementos del Código de Procedimiento Penal para formular acusación. El fiscal Jaimes desconoció esta evidencia y distorsionó la existente”, dice el documento.

Uno de los argumentos es que para la solicitar preclusión de un proceso no debe existir duda de la participación del imputado en los hechos y a su juicio, no existe esa certeza.

“Para declarar una preclusión es necesario que la causal invocada esté plenamente probada. Por ende, debe existir “certeza” sobre los presupuestos probatorios que la sustentan. Esta certeza implica que “no exista ninguna duda” sobre su ocurrencia. En el caso de estudio, no existe esa certeza. Por el contrario, hay elementos de juicio suficientes para acusar a Álvaro Uribe Vélez, como determinador de soborno a testigo y fraude procesal”, añade el documento.

Dice el documento que la solicitud de preclusión a favor del exmandatario “es un acto manifiestamente contrario a la ley” y qué existen por lo menos cuatro evidencias que permiten inferir que el expresidente pudo haber cometido los delitos.

En primer lugar, dicen las víctimas en el proceso que está probado que Diego Cadena entregó dinero al testigo Carlos Enrique Vélez para que faltara a la verdad en su declaración y engañara a la Corte Suprema de Justicia. “Varios testigos y documentos prueban, con certeza, este hecho”, dice.

Asimismo, aseguran que está demostrado que Diego Cadena, Carlos Eduardo López y Enrique Pardo Hasche “realizaron diversas actividades ante el testigo Juan Monsalve, para que éste faltara a la verdad en sus declaraciones y engañara a la Corte Suprema de Justicia en la toma de sus decisiones”, añaden.

En tercer lugar, argumentan que existen varias evidencias “que apuntan a demostrar –con probabilidad de verdad- que Álvaro Uribe Vélez propició, colaboró y conoció de las actividades delictivas de Cadena, López y Pardo Hasche”.

Y finalmente, dicen que “hay abundantes pruebas testimoniales –familiares de Monsalve y Vélez- y documentales –videos, llamadas telefónicas, consignaciones etc.- con base en las cuales surge, en forma evidente, cómo trataron de modificar la versión de testigos”.

Para Cepeda y Montealegre, algunas de las evidencias qué hay contra el exmandatario son:

1. Contrató a Cadena para recaudar pruebas, a sabiendas de que es un abogado que no cumple con los protocolos legales y actúa, ilícitamente. La actuación de este “abogado” fue -inclusive- descalificada por uno de los integrantes de la defensa: Jaime Lombana.
2. Álvaro Uribe Vélez autorizó al abogado Diego Cadena para que presentara ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de revocatoria del inhibitorio a favor de Iván Cepeda Castro, en la instrucción 38.451, a la que aportó las cartas de los internos de Cómbita, Elmo José Mármol Torregrosa, Giovanny Alberto Cadavid Zapata y Máximo Cuesta Valencia, las que contienen información falsa y las cuales fueron obtenidas de manera oscura y fraudulenta.
3. Álvaro Uribe Vélez autorizó al abogado Diego Cadena para que presentara ante la Corte Suprema de Justicia, en la instrucción 52.240, carta elaborada por Enrique Pardo Hasche. Con esta carta pretenden engañar a la administración de justicia, respecto de los ofrecimientos que le hicieron al testigo de cargo, Juan Guillermo Monsalve Pineda, para que se retractara de sus declaraciones en contra de los hermanos Uribe Vélez, las que debía decir tuvieron su origen en dádivas ofrecidas por Iván Cepeda Castro.
4. Álvaro Uribe Vélez presentó recurso de reposición, en la instrucción 38.451, a la que incorporó las cartas de Carlos Enrique Vélez, John Jaime Cárdenas, alias ‘Fosforito’ y Fauner Barahona, alias ‘Racumin’, con las que buscaban defraudar a la justicia, mediante falsos señalamientos en contra de Iván Cepeda Castro, de los que Carlos Enrique Vélez se retractó ante la Corte Suprema de Justicia, en declaración de 3 de septiembre de 2019.
5. Álvaro Uribe Vélez estuvo informado que el abogado Diego Cadena ofreció y brindó, a través de su oficina de abogados, servicios jurídicos a Carlos Enrique Vélez. Por lo demás, se encuentra probado que Diego Cadena entregó beneficios económicos a Carlos Enrique Vélez por una suma superior a los nueve millones de pesos y que le entregó 700 mil pesos a Eurídice Cortés, alias ‘Diana’ para que buscara testigos en terreno.
6. Álvaro Uribe Vélez autorizó que el abogado Diego Cadena le ofreciera beneficios jurídicos al testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve, a cambio de su retractación. Obra prueba en el expediente de que autorizó expresamente que el abogado Cadena presentara una acción de revisión.