La historia de Andrea Esperanza Valdés, una mujer privada de la libertad por el delito de homicidio agravado, ha despertado la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos, luego de conocerse que fue víctima de abuso sexual dentro del establecimiento penitenciario El Pedregal, en Medellín. El caso, que involucra a dos guardianes del Inpec, sigue en investigación, mientras su defensa exige medidas urgentes para proteger su vida e integridad, en especial porque Valdés se encuentra en las últimas semanas de embarazo producto de los presuntos abusos .
El abogado Felipe Alzate Gómez, representante legal de Andrea Valdés, aseguró en entrevista con Blu Radio que han acudido a distintas entidades judiciales y de control para que se respeten los derechos de su defendida, quien ha sido “revictimizada por el mismo sistema que debía protegerla”.
“Desde hace meses venimos solicitando que se le otorgue la prisión domiciliaria por su condición de mujer gestante. El Código de Procedimiento Penal contempla este beneficio, similar a una licencia de maternidad, para mujeres embarazadas privadas de la libertad. Sin embargo, ni siquiera nos habían dado trámite”, afirmó Alzate.
Ante la falta de respuesta del Juzgado 13 de Ejecución de Penas, el equipo de defensa interpuso una tutela. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá falló a favor de Valdés y le dio un plazo de cinco días al juzgado para que se pronunciara sobre su situación. Ese plazo vence mañana, 16 de abril.
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“El Tribunal reconoció tres hechos graves: que Andrea ha sido víctima de violencia de género, que está en una situación de indefensión producto de un embarazo no consentido y que sus derechos fundamentales no están siendo garantizados en reclusión”, explicó Alzate. En caso de que no se emita una respuesta a tiempo, el abogado advirtió que interpondrán un incidente de desacato.
Actualmente, Andrea se encuentra aislada en una celda individual y recibe una dieta especial debido a su estado de embarazo. Sin embargo, aún no ha sido trasladada al pabellón para mujeres gestantes, lo cual, según su defensa, demuestra que las medidas adoptadas han sido “mínimas e insuficientes”.
“El paso que debería dar la justicia es permitirle cumplir este tramo de la condena en su casa. No puede seguir bajo custodia de la misma institución que ha vulnerado sus derechos. Lo que estamos pidiendo es razonable y está contemplado en la ley”, enfatizó el abogado.
Además del trámite judicial para garantizar condiciones dignas a su clienta, Alzate también confirmó que la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones por el caso de abuso sexual a dos dragoneantes del Inpec. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado imputaciones formales contra ninguno de ellos. Los sospechosos, según el abogado , ya no están en El Pedregal, pero aún continuarían activos en la institución.
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Un obstáculo adicional para el avance del proceso penal ha sido la imposibilidad de realizar pruebas de ADN al feto, debido al delicado estado de salud de Valdés tras los hechos. Las muestras se tomarán una vez nazca el bebé, para poder determinar la identidad del agresor.
El Tribunal también ordenó a la Fiscalía adoptar medidas de protección para Andrea, quien ha recibido amenazas dentro del penal tras hacer públicos los hechos de violencia sexual. Según el abogado, las intimidaciones provienen tanto de otras internas como del entorno institucional, lo que incrementa el riesgo para su integridad física y emocional.
“La Fiscalía debe actuar no solo frente a los responsables del abuso, sino también para evitar que se repitan este tipo de situaciones y para proteger a la víctima. No puede ser que una mujer que denuncia una violación tenga que temer por su vida dentro de una cárcel”, afirmó Alzate.
De acuerdo con el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, una mujer en estado de embarazo puede acceder a prisión domiciliaria tres meses antes del parto y hasta seis meses después, en una medida pensada como una especie de licencia de maternidad para mujeres privadas de la libertad. Según este marco legal, Andrea ya debía haber sido trasladada a su casa desde hace al menos dos meses, lo que hace aún más urgente la decisión del juez de ejecución de penas.
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