Al finalizar la audiencia pública que la Jurisdicción Especial para la Paz realizó en Medellín sobre las víctimas de desaparición, se conoció que el exalcalde Alonso Salazar habría "engavetado" en el año 2010 un estudio que contrató con la extinta empresa Metroseguridad para realizar un informe sobre víctimas desaparecidas y algunas caracterizaciones biológicas de las mismas.
Aunque el estudio se elaboró, este nunca se hizo público y, al parecer, sus realizadores fueron obligados a firmar un pacto de confidencialidad. Esta denuncia fue revelada por las organizaciones de víctimas ante los cinco magistrados del Tribunal de Ausencia de Reconocimiento, que justamente criticaron la falta de información clara y oficial sobre la cifra de desaparecidos.
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El magistrado Gustavo Salazar, al ser informado, ordenó que la actual Alcaldía de Medellín investigue si dicho archivo aún existe y, en un plazo máximo de tres días, se lo entregue a la JEP para su análisis. De encontrarse irregularidades por parte de la anterior administración de Salazar, no se descarta la apertura de una investigación.
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Tras ser levantada la audiencia pública, el organismo judicial confirmó que justamente por la falta de información contundente entregada por la Fiscalía, Gobernación y Alcaldía, los magistrados requieren más tiempo para emitir posibles medidas cautelares, como una orden para reactivar la búsqueda de desaparecidos en sitios como la Comuna 13 y la Loma de San Cristóbal.
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