La Sala de Reconocimiento de la JEP le pidió al Gobierno revisar la inclusión de al menos 2.721 personas en el Registro Único de Víctimas. Además, la jurisdicción pide que se evalúe si procede o no el pago de la indemnización tanto a los sobrevivientes como a los familiares de las víctimas que se han presentado ante la JEP en el marco de las investigaciones por los casos de secuestro cometidos por la extinta guerrilla de las Farc.
"Esta decisión, adoptada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Sala de Reconocimiento, responde a las reiteradas solicitudes de estas víctimas durante la investigación. A través de escritos y en audiencias públicas, han insistido en su derecho a ser reparadas de manera individual o de acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación que ofrece la Unidad para las Víctimas", explicó la JEP.
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En este punto, la JEP aclaró que es importante que estas personas sean incluidas en el registro, pues no todas han sido reconocidas como víctimas y, con esta inclusión, podrían acceder a las medidas de reparación y asistencia.
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"La Unidad para las Víctimas deberá además revisar los casos de aquellas personas registradas como víctimas indirectas de secuestro, pero que también son víctimas directas de otros crímenes cometidos por la extinta guerrilla durante el cautiverio. Estos crímenes incluyen homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud, desaparición forzada, tortura y tratos crueles e inhumanos. Como parte del proceso de seguimiento a esta orden judicial, la institución deberá presentar tres informes periódicos y uno final al despacho de la magistrada Julieta Lemaitre", señaló la JEP.
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