Recientemente, 200 familias de excombatientes de las Farc que se encuentran en el Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Mesetas, Meta, anunciaron que se desplazarían de manera forzada ante las amenazas que han recibido por parte de las disidencias de Iván Mordisco, también argumentaban que el espacio tenía algunos problemas de infraestructura que no les permitían seguir viviendo en el lugar.
Ante esta situación, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP le ordenó al Gobierno nacional que active los mecanismos de protección para garantizar la seguridad de estas 200 familias y evitar el desplazamiento masivo del lugar. Cabe recordar que entre estos firmantes de paz que están en riesgo, también hay al menos 80 menores de edad, hijos de los excombatientes.
"Las autoridades estatales competentes para implementar el acuerdo final de paz en materia de garantías y seguridad a las personas en proceso de reincorporación, están obligadas a mitigar, controlar y prevenir los riesgos que se ciernen sobre la referida población, los cuales además de afectar la vida, la integridad y la seguridad personal y familiar, inciden en su proceso de reincorporación a la vida civil, impactan en la satisfacción de los derechos de las víctimas, y retardan la reconciliación y la construcción de la paz estable y duradera como lo evidencia la situación por la que atraviesa la comunidad de la ETCR 'Mariana Páez' y sus líderes", señaló la decisión de la JEP.
En el mismo sentido, la JEP recordó que no es la primera vez que se presenta este tipo de situaciones; por ejemplo, en el 2020, los excombatientes de la ETCR de Santa Lucía, en el municipio de Ituango, Antioquia, tuvieron que abandonar el lugar. Por otro lado, los magistrados ya habían ordenado la protección de otros excombatientes que se encontraban en riesgo en los Llanos del Yari, departamento del Meta.
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"Ordenar al alto comisionado para la Paz, a la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, a la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), a la Agencia Nacional de Tierras, a la Unidad Nacional de Protección y a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección que informe e implemente la ruta integral de emergencia ante situaciones de desplazamiento de personas en proceso de reincorporación, individual y colectivo", puntualizó la JEP.
En el mismo sentido, le piden al Gobierno nacional que informe en qué nivel de cumplimiento están los compromisos que se pactaron entre las diferencias agencias del Estado encargadas de la implementación y la comunidad de la ETCR 'Mariana Páez'.
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"Se le ordenará al Ministerio de Defensa Nacional, al director del CCOET, para que presente en el término de cinco (5) días hábiles, los resultados de las operaciones e impacto del desmantelamiento de las organizaciones criminales en el sur de Meta, y dé explicación detallada sobre el control de seguridad que tiene el campamento humanitario, así como las condiciones de seguridad que se tienen presupuestadas para el nuevo asentamiento de la ETCR “Mariana Páez”, puntualizó.
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