El último secretariado de las Farc envió un documento a la JEP en el cual le pedían emitir una única resolución de conclusiones por todos los casos y hechos por los cuales han sido investigados. Los excomandantes de la guerrilla también aseguraron que la JEP se estaba descarrilando y generaba inseguridad jurídica.
Esa jurisdicción respondió a la solicitud de los firmantes del acuerdo y negó la posibilidad de emitir una única resolución de conclusiones.
La adopción de resoluciones parciales de conclusiones fue avalada por la Corte Constitucional (C-080 de 2019) en su interpretación de la Ley 1957 de 2019. Desde entonces, la JEP avanza con esa metodología
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Los magistrados de la JEP también consideran que algunas acciones tomadas por los comparecientes han hecho que las decisiones de fondo tomen más tiempo.
“La presentación de nulidades, la interposición de recursos de reposición y apelación en diversas instancias ante las Salas y el Tribunal, así como las continuas solicitudes de aplazamiento de diligencias de versión voluntaria, aunque representan manifestaciones legítimas del ejercicio de unos derechos, prolongan los tiempos para la adopción de las decisiones de fondo que esperan las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional”, se lee en el comunicado de la JEP.
Por otro lado, la jurisdicción asegura que definirá la situación jurídica a los comparecientes de manera célere, integral y definitiva. Además, añade que los procesos no volverán a la justicia ordinaria, mientras los firmantes cumplan con sus compromisos.
La Jurisdicción tiene competencia prevalente, exclusiva y excluyente en relación con los firmantes del Acuerdo Final de Paz que están cumpliendo con sus compromisos; sus casos no serán regresados a la justicia ordinaria. La Jurisdicción resolverá integral y definitivamente su situación jurídica, ya sea a través del proceso con reconocimiento, que implica una sanción propia para los máximos responsables que reconozcan su responsabilidad; o mediante un proceso adversarial en la JEP, en caso de que decidan no reconocer su responsabilidad y enfrentarse a un juicio
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Por último, la JEP se comprometió a tomar medidas que garanticen la seguridad de quienes firmaron el acuerdo, teniendo en cuenta, además, la situación de orden público que se vive en el Catatumbo.
“Asimismo, la JEP está comprometida con la seguridad de los firmantes de paz. En este sentido, en 2020 se adoptaron medidas cautelares destinadas a la protección colectiva de las personas en proceso de reincorporación, con el objetivo de garantizar su vida, integridad personal, permanencia en el territorio y otros derechos fundamentales, en cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz. Actualmente, se realiza un monitoreo detallado de la situación de los firmantes frente a la grave crisis de seguridad y humanitaria que afecta la región del Catatumbo, con el fin de tomar las decisiones complementarias que sean necesarias”, señalan los magistrados.
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