La Procuraduría General de la Nación pidió a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, explicaciones por no cumplir con el plazo de 30 días ordenado por un juez del Tribunal de Paz para dar inicio al macrocaso 11 que investigará crímenes relacionados con violencia sexual y violencias basadas en género en el marco del conflicto armado.
El Ministerio Público informó que han transcurrido 36 días hábiles desde que fue comunicado el fallo de tutela que amparó el acceso a la administración de justicia, en un plazo razonable, así como la garantía de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas por este caso.
Por una tutela contra la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa misma corporación que radicaron los procuradores ante la JEP, se dio el ultimátum de 30 días hábiles para que se priorizará ese caso, pero el tiempo ya pasó sus límites.
Los agentes del Ministerio Público aclararon que, si bien la Sala de Reconocimiento de Verdad solicitó la suspensión de la orden proferida, la Sección de Apelación la rechazó por inconstitucional, y recordaron que incumplir las órdenes proferidas en un trámite de tutela habilita la adopción de medios adicionales de protección constitucional por parte del juez que ordenó el amparo.
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