La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió amnistía a cuatro exintegrantes de las extintas Farc-EP por delitos políticos relacionados con el Paro Nacional Agrario de 2013. Esta decisión, tomada por la Sala de Amnistía o Indulto (SAI), reconoce los hechos cometidos durante las protestas sociales como delitos conexos, susceptibles de amnistía, según el acuerdo final de paz.
Los comparecientes habían sido condenados por la jurisdicción ordinaria por fabricación, tráfico y porte de explosivos, al encontrarse en sus pertenencias sustancias como aluminio, azufre y clorato de potasio, junto con pancartas alusivas a las movilizaciones campesinas. Según la SAI, estas conductas ocurrieron en el contexto del conflicto armado interno y de la protesta social, lo que permitió su tratamiento como delitos políticos.
Publicidad
La amnistía otorgada elimina la responsabilidad penal de los beneficiarios por estos delitos, pero exige el cumplimiento de estrictas condiciones. Entre estas se encuentran la obligación de contribuir a la verdad, reparar a las víctimas, garantizar la no repetición y participar en programas de búsqueda de desaparecidos. Asimismo, deben informar cualquier cambio de residencia, no abandonar el país sin autorización y comparecer ante la JEP o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas cuando sean requeridos.
La Sala destacó que el conflicto armado influyó en los excesos cometidos durante las protestas sociales de 2013. La guerrilla buscaba tener presencia en dichas movilizaciones, lo que generó situaciones de judicialización. Esta relación entre protesta social y conflicto armado fue reconocida en el Acuerdo Final y reafirmada por la Corte Constitucional en 2018, al señalar que ciertos actos durante protestas pueden considerarse conexos a los delitos políticos. A la fecha, la JEP ha otorgado 827 amnistías y ha comunicado más de 9.600 decretos de este tipo a firmantes del acuerdo final.