En un auto de la Sala de Reconocimiento de Verdad, el magistrado Gustavo Salazar compulsó copias para que se investigue a altos oficiales por crímenes cometidos por la fuerza pública en alianza con paramilitares en Tolima. Estos hechos resultaron en el asesinato de civiles, persecución y homicidios de militantes de este partido, así como en masacres y falsos positivos.
En el documento se lee: “Ordenar la compulsa de copias en contra de las personas enunciadas en el numeral III (COMPULSA DE COPIAS) del presente Auto, en calidad de comparecientes forzosos, para los casos 08 (por crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado); así como al 04 (por violaciones al DIH y los DDHH en la región de Urabá)”.
Entre los vinculados figuran el general Jorge Andrés Zuluaga, exconcejal de Tenjo por el Centro Democrático; el excomandante de la Sexta Brigada general Lelio Fadul Suárez; y el general José Guillermo Delvasto Jaimes.
Las investigaciones llevadas a cabo por la JEP revelaron la “persecución” que sufrió la Unión Patriótica. La jurisdicción mencionó el asesinato del líder indígena de la Unión Patriótica y excandidato al Concejo de Ortega, José Rubiel Malambo, ocurrido el 14 de abril de 2004. El crimen fue perpetrado como un falso positivo por el Batallón Caicedo.
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Testimonios de personas cercanas a la víctima aseguran que Malambo fue sacado de su hogar y ejecutado en una zona rural, tras ser acusado de reclutar menores para las Farc. Los victimarios, en un intento de justificar la operación, colocaron junto a su cuerpo un bolso con propaganda de la guerrilla.
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