La Sala de Reconocimiento de la JEP citó a la empresaria Katia Sánchez y a su esposo Hernán Iñigo de Jesús Gómez a una versión voluntaria los días 4 y 5 de diciembre de 2024.
El pasado mes de septiembre, la JEP aceptó el sometimiento, de forma condicionada y como última oportunidad, de Sánchez. Además, su esposo fue aceptado anteriormente por la jurisdicción.
“Sánchez Mejía fue fundadora y representante legal, junto con su esposo, de la empresa Urapalma. A través de ese negocio establecieron relación con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y con el Bloque paramilitar 'Elmer Cárdenas', para desarrollar un proyecto palmicultor que dio lugar al despojo de tierras y al desplazamiento de pobladores en la región de Urabá, específicamente en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, entre 1997 y 2000”, explicó la JEP.
En esta versión voluntaria deberán entregar la información que tienen sobre el conflicto armado en Urabá.
“Dentro de los supuestos fácticos sobre los cuales el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín inició la investigación penal se fundamentó en hechos sucedidos entre 1997 y 2004 en la subregión del Bajo Atrato, cuando intervinieron como terceros en actividades de financiación, auspicio de los grupos paramilitares a través de las empresas, que se asentaron en las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, y que se dedicaban al cultivo de palma y la ganadería extensiva y con su actividad propiciaron el desplazamiento forzado, despojo de tierras y afectación de extensas áreas de importancia ecológica”, explicó la JEP en el auto de la citación.
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