Este jueves, 2 de junio, se llevaría a cabo la primera audiencia de reconocimiento del antiguo secretariado de las Farc ante las víctimas de secuestro.
Iban a realizarse tres diligencias en las cuales los miembros del antiguo secretariado iban a reconocer su responsabilidad ante las víctimas, quienes también podían intervenir y hacer comentarios frente a lo que dijeran losexguerrilleros.
Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió aplazar las audiencias por una posible amenaza contra las comparecientes.
“La decisión se tomó frente a una posible amenaza o riesgo de vida de los comparecientes, según información sobreviniente aportada por los exmiembros de las Farc el pasado 31 de mayo”, anunció la JEP.
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Asimismo, la sala de reconocimiento de esta jurisdicción le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación realizar un estudio de seguridad para los comparecientes que iban a reconocer estos hechos.
Las audiencias estaban previstas para los días 2, 6 y 8 de junio, y ahora se realizarían los días 21, 22 y 23 de este mes.
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Los antiguos miembros del secretariado fueron el pasado 31 de mayo a la JEP a exponer las razones por las que solicitaban que se suspendiera la audiencia, entre algunas otras, los exguerrilleros explicaron que iba a haber un alto número de personas y eso podría afectar su seguridad.
En la decisión de la JEP, con la cual se aplazan las audiencias, se asegura que “los comparecientes manifestaron al despacho el contexto de seguridad de la audiencia pública, teniendo en cuenta su ubicación, el alto número de los asistentes, entre otros asuntos de seguridad individual de los comparecientes y algunos abogados defensores. Por lo cual solicitaron reprogramar la audiencia pública de reconocimiento y evaluar a profundidad las condiciones de seguridad del lugar para su realización”.
Por otro lado, la JEP recordó que la audiencia se realiza en un contexto en el cual la Corte Constitucional determinó que la seguridad de los excombatientes de las Farc se estaba viendo afectada pues no existían las medidas de protección adecuadas.
“La Sala no puede pasar por el alto que la audiencia de reconocimiento de este caso tiene lugar en un contexto de estado de cosas inconstitucionales, declarado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-020 de 2022. Esta declaratoria ocurre justamente en atención al bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil, previsto en el Acuerdo Final de Paz, desarrollado por normas constitucionales y legales”, añade la JEP.
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