Los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del norte del Cauca le enviaron un documento a la JEP señalando que el río Cauca ha sufrido graves afectaciones a causa de su utilización como fosa común, el uso de mercurio para la minería ilegal y el vertimiento de químicos derivados de la producción de sustancias ilícitas, todo esto por parte de grupos armados ilegales.
Por esto le pedían a la JEP que reconociera como víctima del conflicto al río Cauca, una decisión a la cual accedió en las últimas horas el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quien investiga el conflicto armado en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
“Entre los años 2000 a 2004 se realizó una conducta sistemática permitida por la fuerza pública, y realizada por grupos paramilitares, que consistió en asesinar personas y arrojarlas al río Cauca para que nunca pudieran ser encontradas. Esto no solo afectó la vida de estas personas, sino también al medio ambiente. Miles de cadáveres fueron lanzados al río. Esto afectó sus aguas, las especies que lo habitan”, señaló la JEP.
Esta decisión se toma después de haber escuchado también las versiones de exintegrantes del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ellos revelaron en algunas audiencias que existían alianzas con miembros de la fuerza pública en esa zona del país para desaparecer víctimas.
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“En este caso territorial se han demostrado graves afectaciones al río Cauca causadas por prácticas relacionadas con el conflicto que han alterado sus aguas y las especies que habitan en él, así como también su profunda relación con las comunidades étnicas de la región. Así mismo, se han realizado múltiples actuaciones para la protección del medio ambiente y la naturaleza”, explicó la JEP.
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