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JEP acepta sometimiento de hermanos Angulo Osorio, condenados por el homicidio de Jesús María Valle

La JEP espera tener más información sobre los involucrados tanto en el crimen como en las masacres de El Aro y La Granja en Antioquia.

301720_BLU Radio. Jesus Maria Valle, ilustración de El Espectador
Jesus Maria Valle, ilustración de El Espectador

LaJusticia Especial para la Paz, JEP, aceptó el sometimiento condicionado para los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, quienes en 2018 fueron condenados por el Tribunal Superior de Medellín a 30 años de prisión por el homicidio de Jesús María Valle, abogado y defensor de Derechos Humanos.

Con esto, la JEP espera tener más información sobre el crimen del líder ocurrido en febrero de 1998 en Medellín así como de la masacres de El Aro y La Granja en Ituango, Antioquia, casos denunciados por Valle.

“Bajo el entendido de que este beneficio depende del cumplimiento de su plan de aportes y de que sus propuestas de verdad, reparación y no repetición sean idóneas y significativas para el proceso (...) De lo contrario, la consecuencia podría ser la pérdida de todas las medidas transicionales y el retorno de los procesos a los que se encuentran vinculados al foro ordinario”, reiteró la JEP en su resolución.

La decisión de la JEP no implica que los dos hermanos recuperen su libertad pues deberán seguir en sus respectivos centros carcelarios. Y aunque también se ordenó suspender de manera inmediata todas las actuaciones de la justicia ordinaria sobre ellos, no se tocará la condena ya referida.

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Además se le solicitó a la Fiscalía que, en menos de 40 días hábiles, entreguen a la JEP un informe de todos las personas investigadas y/o judicializadas en relación con los crímenes perpetrados en Ituango por el grupo paramilitar impulsado por los hermanos Angulo, incluyendo el asesinato de Jesús María Valle.

Cabe recordar que, en febrero de 2008, el Estado colombiano reconoció de manera parcial su responsabilidad en el homicidio de Jesús María Valle porque no se había adelantado la investigación pertinente mientras que en 2018, tanto el asesinato como las masacres de El Aro, La Granja y San Roque fueron clasificados como delitos de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia en Colombia.

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