Los funcionarios habrían hecho uso irregular de sus cargos y de los bienes del Estado para realizar el examen a una persona que cumplía labores domésticas en la casa de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres.
Un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos radicó solicitud de audiencia de imputación en contra del jefe de la Oficina de Protección Presidencial, coronel Carlos Alberto Feria; el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.
Los funcionarios de la Policía Nacional estarían involucrados en varias actuaciones irregulares, entre estas la práctica del polígrafo a Marelbys Meza Buelvas, exniñera de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres.
Según las pruebas de la Fiscalía, el coronel Feria Bohórquez, al parecer, ordenó a varios de sus subalternos encontrar un dinero que se perdió de la casa de Laura Sarabia Torres, el 29 de enero, y dispusieron de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su casa en Soacha (Cundinamarca), hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño.
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Por otra parte, el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez, presuntamente, recibieron a la mujer, la despojaron del celular y le realizaron la prueba, en la que hicieron preguntas que sugerían la responsabilidad de la exniñera en la pérdida del dinero.
Cuando se terminó la prueba, los uniformados le devolvieron el teléfono a Marelbys Meza. Al parecer, la exempleada desbloquea el equipo e inmediatamente el intendente se lo arrebató nuevamente y retuvo mientras extraía, según información de la Fiscalía.
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Para la Fiscalía, el coronel Feria Bohórquez y los otros dos funcionarios, presuntamente, abusaron de su cargo y autoridad al vulnerar la autonomía de Meza Buelvas, y someterla a un trato injusto, y habrían destinado recursos y activos del Estado para practicarle la prueba del polígrafo, que está autorizada para personal vinculado al Gobierno nacional, y no para personal externo.
Por lo anterior, los uniformados serán imputados por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Adicionalmente, al intendente Sacristán Bohórquez se le formulará el delito de acceso abusivo a sistema informático agravado.
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