
La audiencia de acusación contra el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, fue aplazada, y el proceso pasará a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía argumentó que, debido al fuero especial adquirido al formar parte del Gobierno Petro, el caso será asumido por un fiscal Delgado y deberá ser juzgado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Él está siendo investigado por hechos de corrupción presuntamente cometidos cuando era concejal de Bogotá.
Para este miércoles, 26 de marzo, a partir de las 2:00 de la tarde estaba programada la audiencia en la que la Fiscalía General presentaría el escrito de acusación. En dicho documento se imputa a Sanguino su participación en delitos de tráfico de influencias y cohecho. Según la acusación, en el año 2008, cuando era concejal, Sanguino habría utilizado su influencia para favorecer el nombramiento de una persona clave en el Hospital de Usme, lo que le habría permitido ejercer control político y sobre la contratación en la localidad.
El primer testigo en declarar contra el actual ministro es el empresario Julio Gómez, figura central en el carrusel de la contratación que se dio durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Se alega que el empresario se benefició directamente a través de la “persona de confianza” de Sanguino, quien fue designada en el centro médico del sur de Bogotá. Este nombramiento habría facilitado la adjudicación del contrato para la construcción y dotación de la nueva sede del hospital, generando comisiones y favoreciendo intereses políticos.
La Fiscalía sostiene que, además de solicitar comisiones por estos actos, el exconcejal buscó incrementar su influencia en una de las zonas más pobladas de Bogotá, aprovechando su posición para consolidar su poder político en la localidad. Estas acusaciones y testimonios colocan a Sanguino en el centro de una investigación que podría tener amplias repercusiones en el ámbito político y judicial.