Inhabilitan a excontralor de Antioquia por realizarse liposucción a bajo costo

La Procuraduría sancionó con suspensión e inhabilidad especial por seis meses al excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, además, con destitución e inhabilidad por 13, años al exgerente del hospital ESE La María de Medellín William Marulanda Tobón, por incumplimiento de sus deberes.

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Según el Ministerio Público, el exgerente no ejerció la vigilancia y control necesaria del hospital, además, permitió que se cobraran por costos hospitalarios tarifas por debajo de los estándares establecidos.

Incluso, la entidad descubrió que quienes recibían esos beneficios eran "particulares a quienes consideraban especiales, generando privilegios que no estaban contemplados por la ley, ni por la junta directiva del hospital".

Según la investigación, uno de los particulares especiales que salió beneficiado fue el excontralor de Antioquia, quien pagó una liposucción por debajo del precio que era.

"Se practicó una liposucción el 16 de abril de 2016, y a tres familiares de Marulanda Tobón, quienes se realizaron intervenciones quirúrgicas estéticas los días 15 de noviembre de 2015, 20 de enero de 2016 y 4 de marzo de 2016, a un menor costo, afectando los recursos públicos de la salud", dice la entidad en un comunicado.

El exgerente, omitiendo sus funciones, según la Procuraduría, permitió que en el 2016 se realizarán procedimientos médicos con costos inferiores a los usuales, por lo que habría incurrido en prevaricato por omisión.

Los procedimientos se realizaron "a personas recomendadas por él o por el subgerente del hospital. Vulneró los principios de responsabilidad, moralidad e igualdad, y omitió ejercer su deber de vigilancia y control sobre las funciones esenciales de la entidad. La primera conducta fue calificada como grave a título de dolo, y la segunda, como gravísima a título de dolo", dice el documento.
Finalmente, en el caso del excontralor Zuluaga, la Procuraduría determinó que el exfuncionario "incurrió en falta disciplinaria al obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales a las que tenía derecho, como tarifas especiales y más bajas a las habituales, en una entidad que era auditada por la Contraloría Departamental".
Por su actuación, el excontralor habría violado el principio de moralidad pública. Sin embargo, como ya no se encuentra ejerciendo su cargo, se ordenó realizar la conversión de la suspensión a salarios devengados al momento de la falta, tal como lo establece el artículo 56 del Código Disciplinario Único, lo que representa $82.968.714.