Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos al gobernador de Nariño, Camilo Romero, por falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto.
Los hechos que investiga el ente acusador están relacionados con las presuntas irregularidades en la venta de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño por parte de la Gobernación, en agosto de 2016. Según los investigadores, con ese contrato se habría favorecido a un aportante de su campaña.
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Romero ha indicado en varias oportunidades que es inocente y que espera que detrás de todo no existan intereses políticos y económicos.
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