La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías en Puerto Leguízamo, en Putumayo a 24 integrantes del Ejército Nacional, que estarían involucrados en la masacre de 11 civiles el pasado 28 de marzo de 2022, en el caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo.
Las evidencias presentadas por el ente investigador demostrarían que, por orden del comandante del Batallón contra el Narcotráfico N°3, en inmediaciones de esa población fue adelantada una operación por parte de una unidad táctica para ubicar a alias Bruno, uno de los señalados cabecillas de la estructura disidente de las Farc autodenominada ‘Comandos Defensores de Frontera’.
De acuerdo al relato del fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que ‘Bruno’ no estaba en la zona, unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico N°3, portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal.
Durante dos horas y media los uniformados realizaron cerca de 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación. Producto de esa intervención murieron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más, que permanecían en estado de indefensión. Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embaraza que dormía en su vivienda.
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La Fiscalía imputó a los 24 integrantes del Ejército los delitos de homicidio en personas protegida y homicidio en persona protegida tentado. Los cargos no fueron aceptados.