El 'paseo' del empresario Carlos Mattos por Bogotá en compañía del Inpec prendió nuevamente las alarmas sobre los privilegios de algunos presos con trato VIP en el país. En medio de la dura polémica, el director de la entidad fue retirado, así como el director de la cárcel La Picota. Mañanas BLU consultó a tres de los sindicatos más importantes dentro del instituto, para conocer las explicaciones y las críticas acerca de la problemática.
Sobre el tema hablaron Óscar Robayo, presidente Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP); Nelson Barrera, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup); y Alejandro Álvarez, vocero de la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario (Fecospec).
"Nosotros no solo reclamamos nuestros derechos. Nosotros presentamos un plan anticorrupción. La privatización de cárceles no es la solución al sistema carcelario”, dijo Nelson Barrera, del sindicato Seup.
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"Un enramado de corrupción o un enramado delincuencial, no es. Hacemos una propuesta al Gobierno Nacional de penalizar a cualquier persona que entre elementos prohibidos", aseguró Óscar Robayo, presidente de la UTP.
"Quien define para qué cárcel va cada detenido no es el Inpec, es el juez que conoce del proceso. Estas personas que más escandalizan e incomoda a la sociedad, tienen la particularidad de ser políticos. Estos, infortunadamente para muchas de las órdenes de reclusión, van con recomendaciones. Por eso llegan a ciertos sitios especiales", aseguró por su parte Alejandro Álvarez, vocero de Fecospec.
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Escuche el análisis sobre la problemática que sacude al Inpec en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
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